El 27 de julio de 2026, el Tribunal de Apelaciones (los Jueces de Apelación Henry, Ward y Rose-Albertini), en sesión celebrada en Dominica, ordenó que la apelación en la causa SKN Choice Times Limited and Dwight C. Cozier v Josephine Huggins, Apelación N.º SKBHCVAP2024/0009 (Circuito de Saint Christopher), quede suspendida salvo que los apelantes den cumplimiento, dentro del plazo de 28 días, a la totalidad de las órdenes de costas pendientes dictadas en su contra, y que, de no mediar tal cumplimiento, la apelación quede desestimada sin necesidad de ulterior providencia del Tribunal.
El Tribunal estimó la solicitud presentada por la apelada, la Sra. Josephine Huggins, el 17 de febrero de 2026, y resolvió al mismo tiempo la cuestión preliminar planteada en la apelación interlocutoria conexa, Apelación N.º SKBHCVAP2024/0016 — a saber, si resulta conforme a los intereses de la justicia permitir que un apelante prosiga su recurso mientras se encuentra en situación de incumplimiento de órdenes de costas vigentes. Las costas de la solicitud fueron impuestas a favor de la Sra. Huggins, a ser tasadas de no mediar acuerdo dentro de los 21 días.
La solicitud tuvo su origen en diez órdenes de costas que permanecían íntegramente insatisfechas: ocho dictadas por el Tribunal de Apelaciones en apelaciones y solicitudes interlocutorias anteriores entre las mismas partes, y dos dictadas por el Tribunal Superior (High Court). Dichas órdenes abarcan el período comprendido entre el 12 de abril de 2018 y el 24 de marzo de 2021 y ascienden a $21,466.66 de principal, más intereses de $6,056.77 devengados al 16 de enero de 2026, que continúan acumulándose a razón de $2.94 diarios conforme a la sección 7 de la Judgments Act. No se había efectuado pago alguno respecto de ninguna de ellas.
La apelada invocó la competencia confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Caribe Oriental en Lunan Pharmaceutical Group Corporation v Zhao Long et al BVIHCVAP2021/0007 y Oscar Trustee Limited v MBS Software Solutions Limited BVIHCMAP2021/0024, conforme a la cual el Tribunal puede imponer condiciones a la prosecución de una apelación ante él cuando el apelante incurre en incumplimiento continuado de las órdenes dictadas en su contra, haya o no una declaración formal de desacato en la instancia inferior. La apelada invocó asimismo Isaacs v Robertson [1985] AC 97, en cuanto al principio de que toda orden dictada por un tribunal competente debe ser acatada mientras no sea dejada sin efecto.
Ambas causas fueron señaladas para ser vistas conjuntamente por orden de la Jueza de Apelación Byer de fecha 31 de marzo de 2026, en seguimiento de la instrucción del Tribunal en Pleno de 9 de diciembre de 2025 para que las partes presentaran prueba y alegatos sobre la cuestión preliminar.
El procedimiento de fondo versa sobre una demanda por difamación en la que se dictó sentencia en contra de los apelantes por la Jueza Gill el 8 de julio de 2024. La apelación contra dicha sentencia sigue pendiente.
Representación letrada
D. Victor C. Elliott-Hamilton, junto con Adana D. Romeo, representó a la apelada, que resultó vencedora.