Los particulares y las empresas se relacionan con el Estado en cada paso — licencias, permisos, autorizaciones regulatorias, liquidaciones tributarias, empleo dentro del sector público y un sinnúmero de otras decisiones adoptadas por ministros, juntas estatutarias y funcionarios públicos. Cuando esas decisiones son ilegales, irrazonables o se toman de manera injusta, el derecho ofrece un remedio. Elliott-Hamilton Law representa a clientes que buscan impugnar el ejercicio del poder público, y a entidades públicas que defienden sus decisiones, en San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y el resto de la OECO.
El derecho administrativo y constitucional es el punto donde el ciudadano se encuentra con el Estado. Regula cómo deben actuar las autoridades públicas, los límites de su discrecionalidad y los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Nuestro trabajo abarca toda la gama del derecho público: solicitudes de revisión judicial, recursos constitucionales, comparecencias ante tribunales estatutarios y controversias surgidas dentro de la función pública.
Por qué el derecho público importa a nuestros clientes
Cada semana, los organismos gubernamentales y los funcionarios públicos adoptan decisiones y reglamentos que afectan las actividades cotidianas de las personas y empresas a las que servimos. La mayoría son rutinarias. Algunas no lo son — un permiso denegado sin motivos adecuados, una sanción regulatoria impuesta sin una audiencia justa, una decisión que ignora una expectativa legítima o una norma aplicada de manera irracional. El derecho público plantea una pregunta acotada pero poderosa: no si la decisión fue acertada, sino si fue lícita, justa y estuvo dentro de las facultades de quien la tomó.
Contamos con amplia experiencia en promover y defender solicitudes de revisión judicial y recursos constitucionales, y asesoramos a los clientes sobre la solidez de una posible impugnación antes de iniciar cualquier procedimiento — de modo que el tiempo y los costos se destinen únicamente donde exista una verdadera posibilidad de obtener un remedio.
Cómo ayudamos
Nuestra práctica de derecho administrativo y constitucional se estructura en torno a cuatro áreas centrales de servicio:
Representación ante Tribunales Estatutarios — Labor de defensa y asesoramiento ante los tribunales y juntas especializados que regulan las licencias, la planificación, los ingresos fiscales, el empleo y la conducta profesional, donde las reglas de procedimiento y el estándar de equidad difieren de los de los tribunales ordinarios.
Impugnación de decisiones administrativas de tribunales y designados ministeriales — Revisión judicial de decisiones adoptadas por ministros, juntas estatutarias y funcionarios públicos, por motivos que incluyen la ilegalidad, la irracionalidad, la irregularidad procesal, la vulneración de una expectativa legítima y el error de derecho, junto con solicitudes de certiorari, mandamus, prohibición y remedios afines.
Asuntos laborales dentro de la Función Pública — Controversias laborales del sector público, incluidos los procedimientos disciplinarios, los despidos, los ascensos, los derechos de licencia y de pensión, y el marco jurídico particular que rige la relación entre el Estado y sus empleados.
Defensa de los Derechos Constitucionales — Recursos constitucionales para hacer valer los derechos y libertades fundamentales garantizados por la Constitución, incluidos la protección de la ley, la no discriminación, el derecho de propiedad y el derecho a una audiencia justa.
Nuestro enfoque
Los casos de derecho público dependen tanto del procedimiento como de los principios. La revisión judicial está sujeta a plazos estrictos, y la exigencia de solicitar autorización, agotar los remedios alternativos y actuar con prontitud puede frustrar una pretensión que, por lo demás, sería sólida. Actuamos con rapidez para preservar la posición del cliente, formulamos los fundamentos con precisión y perseguimos el remedio más adecuado al resultado que el cliente necesita — ya sea anular una decisión, obligar a actuar o obtener una declaración de derechos. Cuando el litigio no es la respuesta correcta, lo decimos.
Nuestros servicios